Por: Saray E. Perea R.
Financista / Contador / Auditor Forense

En el marco del cambio de gobierno y la elección de nuevas autoridades dentro de las instituciones, así como los servidores públicos que serán los encargados de dirigir los destinos de nuestro país; como profesional de las finanzas y contaduría que ha tenido la oportunidad de identificar los riesgos inherentes de la administración pública, haga eco con estas líneas de pensamiento a todos a los que les pueda llegar esta reflexión, y como reforzamiento de los controles y procedimientos que se encuentran vigentes en la normativa legal panameña.

A lo largo de los años, han surgido casos de especial relevancia, en el manejo de las finanzas públicas, específicamente en las juntas comunales, que por su condición de gobiernos locales en determinadas ocasiones no tienen acceso al 100% de la información que requieren para ejecutar sus planes, programas y proyectos.

Esto, aunado a la falta de implementación de controles provenientes de la máxima autoridad nominadora, ausencia de procedimientos establecidos y definidos, manuales de cargo y funciones, vulnera y permite que los ingresos provenientes del Tesoro Nacional, que a través de una ardua labor de recaudo que se realiza a través de diferentes entidades y por medio de otros tipos de financiamiento, se manejen de manera irregular.

Los recursos del Estado son finitos y son propios, aportaciones que realizamos a través del pago de impuestos, tasas, y contribuciones, si cada servidor público de nuestra Nación logra tener ese sentido de pertenencia y ejecuta la rendición de cuentas no solo de manera vertical, si no horizontal. Un Panamá y una administración donde todos y cada uno de nosotros somos conscientes como buenos padres de familia que un detrimento para el erario es perjudicial para TODOS.

Las Normas de Control Interno Gubernamental, vigentes desde 1999, sigue siendo el marco de referencia para llevar una efectiva gestión pública, en el día a día de las actuaciones administrativas, presupuestarias y financieras se han ido olvidando por los servidores públicos, lo que ha ocasionado afectaciones patrimoniales al erario público, en detrimento de la ejecución de los planes de gobierno a través de la realización de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios.

Por lo anterior, se hace la regla y no así la excepción, que las unidades de auditoría interna de las entidades, y nuestro principal fiscalizador que es la Contraloría General de la República, mantengan una ardua labor y levanten hallazgos por incumplimiento de las mencionadas normativas, siendo una de los principales incorreciones el manejo de las recaudaciones de impuestos sin que se depositen íntegramente en las arcas públicos, y desembolsos sin documentación que sustente o justifique el motivo por el cual fueron realizados; hecho que imposibilita asegurar que los fondos públicos están siendo utilizados de manera legal y cónsona con las necesidades de la entidad.

De igual modo, se observan en los desembolsos la falta de actas o documentos que garanticen la respectiva recepción de bienes que impiden garantizar si los recursos que se destinaron para su adquisición cumplen con el objetivo institucional, que es dotar a la entidad de herramientas adecuadas para su funcionamiento, aunado a deficientes manejos del inventario que impiden identificar si los bienes adquiridos permanecen en la entidad, en qué estado físico se encuentran o si han sido trasladados, donados, descartados o chatarreados.

Sin mencionar a personal que es nombrado, que no acude a laborar y que se comprueba posteriormente que laboran en el mismo horario en otras dependencias públicas o privadas. Así como pago de viáticos que exceden lo reglamentado, en incumplimiento de la ética que debe poseer todo servidor público.

Es saludable que toda administración pública plantifique sus compras, de esta forma los custodios de cajas menuda no tendrán que incurrir en comprar bienes o activos a través de ella, cuando la naturaleza de este fondo es para imprevistos que tenga la entidad.

Por lo anterior, es recomendable que toda persona que ingrese a las filas del Estado Panameño, Principalmente a las juntas comunales, obtenga el compromiso de conocer sus funciones, sus responsabilidades, la normativa que le regula y los procedimientos adecuados para la gestión pública transparente y responsable.

Esto solo se logra con ética, valores, compromiso, honestidad y responsabilidad de todos los servidores públicos.

Éxitos en sus gestiones.